| Sc! | Sursum corda! | |||
| Sursum
corda! Indice
general El
sueño de la razón |
||||
 |
25 | |||
|
Una
frontera siempre
implica algún tipo de conflicto o, al menos, de
limitación. Las leyes implican limitaciones de derechos en el
sentido de que para salvaguardar los mínimos y esenciales de los
perjudicados es
necesario limitar los de quienes desean llevar su voluntad hasta
el infinito. Es absurdo que haya leyes contra lo que no es posible
y por lo tanto no da lugar a conflictos o contra lo que siempre resulta
beneficioso. Así es absurdo legislar en España sobre
la propiedad de terrenos en la Luna, al menos por el momento, o para
regular
los favores entre familiares. Pero una ley es necesaria donde uno puede
abusar de otro y para evitarlo, queda determinado un límite
más
allá del cual el estado procede contra el agresor. Las fronteras protegen los derechos de los naturales de un país contra los abusos de sus vecinos y tienen sentido contra tales agresiones. A veces es cuestión de simple protección de intereses y es cierto que el nivel de vida es menor en España que en Francia de manera que los ciudadanos franceses impiden a los españoles beneficiarse de sus ventajas mientras que los españoles protegen la propiedad de su estado. Pero como hemos visto en el número anterior, un estado democrático protege por igual los derechos de los ciudadanos a ambos lados de cualquier línea posible y por lo tanto, una frontera no tiene sentido dentro de un estado democrático salvo para obtener algún privilegio de la secesión. La creación de una frontera nueva que divida un estado democrático es por lo tanto una limitación injusta contra parte de los ciudadanos, que salen perjudicados, y en cualquier caso es una fuente de enemistades y conflictos. Porque si se supone que hay un derecho de autodeterminación de todo territorio que lo desee, también debe existir un derecho de expulsión o de abandono de cualquier territorio. Y si los ciudadanos de un grupo tienen derecho a romper sus relaciones con los demás ciudadanos de su nación, todos los ciudadanos no pertenecientes a un grupo podrían ejercer un derecho correlativo de repudio. De esa manera, España o los españoles podría declarar que determinado territorio no le interesa y que queda expulsado del estado, o que tal grupo pierde sus derechos como españoles. Pero es evidente que todo esto lleva inevitablemente al enfrentamiento y a la violencia. Todo lo que no es lógicamente o físicamente imposible puede ser realizado. Pero nada que vaya contra la universalidad y reciprocidad de los derechos puede ser considerado un derecho. Por lo tanto, la secesión es posible, pero implica necesariamente la injusticia y la violencia a menos que se realice por un pacto justo entre partes libres. Lo que se dice de los derechos de los pueblos o de los derechos históricos no es más que un intento de disimular la realidad y de presentar como inevitable lo que sólo es el deseo de una parte. De ese modo se quiere convencer al perjudicado de que no hay otro remedio que atender a los deseos del beneficiado. Sin embargo muy dura debe ser una cabeza para no notar un golpe y para no creer que le hace daño, y muy torpe debe ser el que no vea como injusto el deseo de un territorio privilegiado de quedarse con las ventajas acumuladas en tiempos de colaboración y negar las contrapartidas a las que tales ventajas han dado derecho a los demás. Esto ya lo vimos en otro número y aquí sólo me queda insistir en que tal cosa es fuente de conflictos y de violencia. Pero estamos en un mundo abierto en el que las ventajas vienen de la colaboración y no del enfrentamiento. Y si las cosas son así, no hay nada de positivo en el conflicto entre vecinos sino mayor pobreza y debilidad. En ese otro número decía que la integración de España en marcos europeos más amplios requiere unas leyes y unas instituciones que garanticen los derechos de todas las partes y tiende a una dilución de las fronteras de manera que los gobiernos sólo legislan hacia dentro en los temas que les son privativos. La misma tendencia es la que debemos promover y apoyar con respecto a la organización interna del estado, es decir: que las cuestiones que afecten a la totalidad de España se decidan en instituciones centrales que velen por los derechos de todos los españoles y que se apliquen leyes iguales para todos, pero en lo privativo de cada comunidad, que sean las instituciones locales las que protejan los intereses y derechos de su competencia. De este modo nunca se pueden producir conflictos sin que existan unas leyes que protejan los derechos de todas las partes y unas instituciones encargadas de aplicarlas. Pero el sentido de todo esto es precisamente contrario a las fronteras internas, de modo que no haya diferencias en los ámbitos de derechos e intereses comunes sino que los locales se decidan y defiendan localmente, pero los generales no se vean restringidos por límites arbitrarios y creadores de más conflictos. Los nacionalistas, dando a este concepto su sentido más amplio y básico, son los defensores de las particularidades y los derechos de su ámbito de nacimiento. Pero una nación se entiende como un ámbito más o menos cerrado y aislado del exterior no por mayor o menor apego a lo propio sino por enfrentamiento con lo ajeno. Por eso distingo con frecuencia entre el nacionalista y el ultranacionalista, que desea aplicar la diferencia nacional al ámbito cultural y político no como afirmación de lo que es propio sino como negación de lo ajeno y como un aislamiento frente a ello. Es evidente que de los problemas de cada casa no es oportuno que se ocupe un ministro o el parlamento y que poco o nada importa la lista de la compra o la decisión de tomar vacaciones enteras o partidas a nadie que no sea la propia familia. Algo parecido es natural que suceda en los temas municipales, provinciales o de ámbito autonómico y por lo tanto no es probable que se presenten conflictos de intereses entre dos municipios acerca del cartel de las fiestas. Pero la voluntad del nacionalista que busca el aislamiento es la de negar a los vecinos la facultad de decidir sobre temas que les afecten. Porque el gobierno nacional o central de España no tiene por qué mezclarse en asuntos locales. Sin embargo, cuando el tema es de interés general y afecta a comunidades más amplias, el deseo del nacionalista separatista es negar el diálogo y la defensa conjunta de los intereses a través de leyes e instituciones comunes. No hay nada de particular en amar y defender lo propio: todo el mundo lo hace. Pero lo que caracteriza a los separatistas es el deseo de aislamiento y de enfrentamiento. Sin esa tendencia a cerrarse al exterior ¿qué diferencia hay entre una organización descentralizada y una serie de territorios con fronteras difusas y autonomía en lo local pero coordinados en los intereses generales? Como decía al principio de esta parte de la serie, si dos cosas son iguales en sus partes y en su organización, son iguales entre sí, y la organización política que potencia la participación de los individuos y de las instituciones territoriales y su coordinación es la única forma de ser libres y colaborar con los vecinos para provecho de todos, entonces ¿qué más da que lo llamemos unión de naciones, naciones descentralizadas o lo que sea? Lo importante son los hechos, no las palabras y los hechos serían que cada uno es dueño de lo suyo y llega a acuerdos con los demás. Frente a esto, o mejor contra esto, existe una tendencia a la separación, a la formación de grupos cerrados que por una división continua llegan a la miniatura política y que se afirman negando lo exterior. Su destino, es por lo tanto, el conflicto con el vecino y la homogeneidad en el interior, sin la cual comienzan tarde o temprano un nuevo proceso de divisiones y de rivalidades entre subgrupos que hacen imposible la cooperacción, el entendimiento y la paz. La cuestión es si ese camino hacia las infinitas rivalidades locales y el desastre pasa inadvertido a la mayoría o si se está a tiempo de invertir la tendencia y volver al camino de la colaboración. Porque la realidad es un juez riguroso y despiadado que acaba con los proyectos absurdos al precio de la ruina y la muerte de miles o millones de seres humanos. Mañana más. Sursum corda! Al llegar a este punto, y coincidiendo con una pausa veraniega, creí que la situación a la que se enfrentaba España y los demás países democraticos tras los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York merecía tomarse un tiempo de reflexión. No pensé que la fractura en la sociedad española y aparentemente en otras fuera tan profunda que la debilidad en ellas no depende sólo de las tensiones secesionistas sino de una polarización de la llamada izquierda hacia posturas irresponsablemente extremistas. Esto, que quedó claro tras los ataques terroristas del 11 de Marzo de 2004 en Madrid y de los sucesos que rodearon el proceso de elecciones generales del 14 de Marzo, me hace replantear el alcance de mis observaciones y extenderlas a los grupos que, bajo la simbología de la izquierda, son capaces de romper el consenso social mínimo en una democracia. |
|||
| Arriba |
|