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Cuando
se atraviesa
desde Burgos hacia Álava, por ejemplo, no se nota ningún
cambio físico drástico ni se escucha ningún tipo
de señal que evidencie que hay algo real que sea un frontera. La
frontera puede estar situada en un río, en unas montañas
o según una línea definida por algún medio
topográfico, pero no es nada real sino una convención de
carácter político en el sentido de que es un
límite en el que cambian las leyes, los derechos y las
relaciones entre personas o grupos. Más allá debe uno
pagar impuestos a un gobierno diferente y tiene o no derechos a elegir
diputados, puede comerciar según normas diferentes y
quizá son diferentes también las prestaciones del sistema
sanitario. Si lo que reclaman los nacionalistas vascos que piden la independencia es que se establezca una frontera entre Euskal Herria y el resto de España, entonces es claro que los derechos van a cambiar a través de ella y van a afectar a los ciudadanos. Porque a veces parece como que sólo estuviesen pidiendo que se reconozca que el Ebro separa Álava de Logroño, algo como un accidente físico que existe independientemente de nuestros deseos y que tiene pocas o nulas consecuencias políticas. Pero se trata más bien de limitar los derechos de los que atraviesan dicha frontera o sobre lo que les afecta a un lado y a otro de ella. Ahora, un residente en Ciudad Real puede trasladarse por cualquier motivo a Bilbao, empadronarse y votar en las siguientes elecciones. Y cosas como ésta son las que constituyen una sociedad. Pero una frontera, la creación de una nación distinta, supondría que tales cosas dejarían de ser posibles o estarían como mínimo sometidas a una legislación diferente. Tales restricciones de derechos suelen tener como objetivo la defensa de unos elementos propios de tipo muy variado. En épocas antiguas eran los intereses del rey y su soberanía los que exigían obediencia y tributo hacia un lado de unas fronteras bastante menos definidas que en la actualidad. En épocas posteriores podía ser la prohibición de importar o exportar determinados productos o la fijación de aranceles al comercio en defensa de la industria local. O la limitación de derechos políticos y ciudadanos a los naturales del lado exterior de la frontera reconocida. Pero en la actualidad sería necesario explicar qué derechos se pretenden limitar y en razón de qué motivos, porque lo que es obvio es que eso de las naciones sin estado o los pueblos prehistóricos no es más que palabrería. Tomemos por ejemplo los procesos de independencia de los países hispanoamericanos con respecto del rey de España. En mi opinión no se puede decir que la independencia era con respecto a España pues no se trataba de un estado democrático sino de un reino del antiguo régimen. Un monarca absoluto tenía la soberanía sobre todos sus reinos y la aparición de repúblicas independientes supuso la conquista para los residentes en los territorios americanos de su propia libertad. También supuso la liberación respecto de un tipo de economía que imponía un desarrollo y un comercio desigual entre una metrópoli favorecida y unas colonias desfavorecidas. Es decir: suponía la liberación respecto de limitaciones de derechos políticos y económicos para los residentes en las colonias. Y eso puede considerarse justo sin duda. En el caso de otros procesos de independencia, lo que se ha buscado es la defensa de unos derechos sociales o culturales suprimidos o restringidos por un poder extraño. Podía tratarse de la lengua o de la religión como es el caso de Polonia respecto de los zares de Rusia, o de Irlanda respecto de los reyes de Inglaterra, o cualquier otra particularidad. Pero siempre se trata de obtener la libertad frente a quien la niega, causa justa donde las haya y que siempre gozará de las simpatías de cualquier demócrata. Pero en el caso de los actuales nacionalistas vascos y su deseo de independencia, deberían señalar cuáles son los derechos que se les suprimen o se les restringen para convencernos de que sus peticiones son justas. Y sin embargo ocurre todo lo contrario: no hay derechos suprimidos ni restringidos sino un deseo de suprimir o restringir los de quienes no son nacionalistas. Para hacer verosímil su absurda exigencia necesitan ocultar el hecho de que España tiene un sistema democrático que debe proteger todos los derechos de todos sus ciudadanos. Porque en un sistema democrático no existe otra restricción de derechos que la que es necesaria para proteger los del más desfavorecido y que los derechos tengan el requisito de universalidad. Si estuviera prohibido el uso o la enseñanza del vascuence, daría igual que el gobierno español fuese monárquico absoluto o constitucional o incluso republicano porque negaría sus derechos a los hablantes de ese idioma y no sería democrático. O sería lo mismo si se impidiese la representación política de los naturales del país o de parte de ellos. Entonces, al no estar representados ellos y sus intereses en tal gobierno ni permitírseles que lo estuviesen, sería justo que tratasen de escapar a sus dictados y restaurar su libertad con un gobierno que los respetase, tanto si rigiese toda España como una parte cualquiera de ella o sólo el País Vasco. Simplemente se trataría de poner en práctica la base de la democracia: el respeto a todos los derechos y a su ejercicio. Pero no sucede así en ningún aspecto. Las lenguas se pueden enseñar y utilizar socialmente y en relación a la administración pública, las ideologías se respetan y protegen por parte del estado (subvenciones a partidos políticos, espacios de publicidad gratuita y otras facilidades), hay libertad de culto y todos los derechos humanos y ciudadanos están protegidos. Entonces ¿qué restricciones impone una frontera, un nuevo estado, ya que no defiende nada que esté siendo reprimido? En principio parece que se trata de un círculo vicioso: el estado se niega a reconocer que parte de los ciudadanos tienen el derecho a condicionar, restringir o suprimir los derechos de otros ciudadanos. Lo demás sería pretender ignorar que la historia ha avanzado y que la actual democracia es un sistema para todos. Pero si el estado se niega a que una parte de sus ciudadanos imponga sus leyes y sus límites, esto es presentado por esa parte como una restricción, una limitación, que justifica sus exigencias. Y cuanto más se exige y más se niega el estado, más se acentúa el conflicto. Si tenemos en cuenta que el que comienza ese conflicto es el que pide la restricción de derechos, es obvio que podrá llegarse a la tensión o a la violencia, pero siempre como efecto de quien lo ha iniciado. Aquí llegamos a lo que tantas veces he denunciado en esta serie, que son las palabras y los símbolos los que sustituyen a la realidad y la ocultan. Porque no hay derechos humanos o ciudadanos que no sean reconocidos y que esto sea lo que dé lugar a reivindicaciones justas. Es el hecho de no poder restringir los de los demás lo que se presenta como una restricción y la libertad que se reclama es la de disminuir o negar la de los demás y no la de afirmarse uno mismo. A lo largo de la historia hemos podido liberarnos del integrismo religioso cristiano, que anulaba la sociedad y sus leyes para someterlo todo a una iglesia y su credo. Si los cristianos integristas protestasen de que no tienen libertad para hacer un estado a su medida y con sus leyes religiosas destruyendo el estado constitucional, creo que todo el mundo salvo ellos diría que así es y así debe ser, y que no vamos a regalarles la libertad de someternos. Su ideología es injusta pues no reconoce los derechos de los demás y sería hipócrita si pidiesen como uno de los suyos el poder limitar los derechos ajenos. Entonces, si esto se ve tan claro en ese caso, ¿por qué ha de extrañarnos que un estado constitucional impida que cualquier grupo ponga su voluntad por encima de la igualdad? Ese grupo protestará porque se le impide realizar sus aspiraciones, pero debemos decir que así es, que así debe ser y que lucharemos por que sea así. En resumen: un estado es democrático si respeta y defiende los derechos de todos sus ciudadanos tomados individualmente o por grupos, y parte de esa defensa es impedir que los derechos de unos anulen o restrinjan los de otros. Entonces todo se puede defender dentro de un sistema democrático menos la imposición de límites injustos a los demás. Y volvemos al tema de la frontera de un nuevo estado, que no es nada diferente de si se tratase de barreras de fe religiosa o de clase social. Sólo se trata de que un grupo de ciudadanos quiere hacer que otros pierdan parte de sus derechos actuales. Porque el hecho de que Francia sea un estado diferente que España no supone perder nada porque nunca se ha tenido comunidad de derechos, salvo que nos remontemos al imperio romano. Pero España ha sido una comunidad social y cultural, e incluso política en los resquicios de poder local que quedaban entre el poder de los reyes. Y por eso, la imposición de fronteras es una negación o limitación de derechos adquiridos a lo largo de siglos. Y mañana más. Sursum corda! |
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