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corda! Indice
general El
sueño de la razón |
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23 | |||
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El
el
número anterior comenzaba diciendo que dos cosas son iguales si
lo son por
partes y como un todo. Hoy vamos a imaginar que en España y
el País Vasco estamos en una situación en la que cada uno
puede pedir lo que desea sin ninguna restricción salvo lo que la
realidad va a imponer y a ver si lo que resulta se diferencia de lo que
tenemos o si lo mejora o empeora. A lo largo de la serie tienen que haber quedado claras dos cosas: que hay un conjunto de derechos que son iguales para todos y que la democracia es el sistema basado en el respeto y la protección de esos derechos. Los derechos no proceden de otra cosa que de la reciprocidad en lo que vemos bueno y conveniente para nosotros y por eso, o son recíprocos y universales o son un fraude. Y la democracia, si se basa en el respeto de esos derechos, ha de garantizarlos activamente pues una mera declaración de principios o de intenciones choca con la dura realidad del delito: un ataque puntual contra esos derechos, y del terrorismo o los intentos de tiranizar a un grupo o a la sociedad entera: un ataque general y sistemático sobre ellos. Ni el sistema democrático en España ni ningún otro pueden ser considerados nunca como perfectos, pero tienen en su base ese principio de respeto y defensa activa de los derechos humanos y del ciudadano, de modo que podremos y deberemos criticar muchas formulaciones concretas de leyes e instituciones, pero es necesario reconocer al menos que se está de acuerdo con lo básico. Porque si no, se trata de un problema muy distinto. El que exige derechos pero no los reconoce, o pide que se defiendan los suyos y no participa en la defensa de los generales, no deja de intentar un delito o tiranía por mucho que nos intente despistar con sus discursos. He dicho varias veces que los derechos del individuo incluyen todos lo que le hacen posible ser y vivir, pero no de una manera abstracta sino de la forma concreta en que es y vive. Supongamos que se trata de imponer el esperanto como única lengua oficial de la Unión europea y que todos los ciudadanos deben utilizarla en el sistema educativo y en sus relaciones con el estado. Como es una lengua artificial, no está asociada a ningún estado concreto y como tiene pocos hablantes puede considerarse que esa acción no favorece a nadie. En cierto modo se podría decir que es una medida justa porque no es discriminatoria, pero dudo mucho de que haya alguien que crea justo que se pueda imponer. Porque todos nos sentiríamos incómodos y muchas personas con dificultades de aprendizaje por la edad o cualquier otro motivo saldrían perjudicadas gravemente. Pues ese caso es el mismo si se trata del esperanto, del español o del euskera y parece increíble cómo se trata de hacer que las cosas parezcan lo que no son y diferentes cuando el caso nos conviene o cuando nos perjudica. Es necesario reconocer que en tiempos pasados el estado no era sino un conjunto de funcionarios al servicio del rey o del poderoso que fuese y por lo tanto, su relación con el súbdito era casi inexistente y casi siempre opresiva. Y así es fácil entender que se impusiese una lengua para tratar con el estado lo mismo que había una religión obligatoria o se censuraba cualquier manifestación de cultura disidente. Por eso los poderes del estado democrático actual sólo pueden defender lo que el ciudadano posee, coincida o no con las mayorías o los intereses de cada cual y nunca pueden imponer nada con el marchamo de oficial. Lo oficial es lo de uso administrativo y por lo tanto será lo necesario para relacionarse con el ciudadano, pero la obligación no puede ir en sentido inverso, es decir que el ciudadano tenga que hablar una lengua para tratar con la administración. Y esto abarca a la lengua y la cultura del mismo modo que a cualquier opción política, económica o social. Los poderes locales tienen un origen evidente pues no es necesario consultar hasta al último municipio de Andalucía para decidir la renovación de las aceras de Bilbao, pongamos por caso. Y cuando los ámbitos de intereses son locales deben existir poderes públicos locales que velen por los derechos y la mejor realización de obras y demás políticas, poderes cuya autonomía alcanza hasta lo que ya entra en relación o posible colisión de intereses con otros ámbitos locales. Por eso existen ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos. Pero hay intereses y derechos de ámbito mayor, como se puede ver en los temas de transvases entre distintas cuencas hidrológicas, o de carreteras y otras vías de comunicación, o de política económica y de gasto público. En eso, las decisiones afectan a comunidades muy amplias y debe haber instituciones que protejan los derechos de todas ellas y que puedan ser controladas electoralmente por los ciudadanos. Eso es el Estado y no otra cosa. En los últimos años España se ha ido integrando en la Unión Europea más por conveniencia que por vocación espiritual, aunque algo de eso también hay. Y existen unas leyes y una serie de instituciones que regulan nuestros derechos y protegen nuestros intereses, e incluso hay un pasaporte europeo. ¿Sería razonable protestar ahora contra esos derechos, esas instituciones y ese documento y renegar de nuestra condición de europeos? Pues eso es algo idéntico al comportamiento autolesivo de algunos ultranacionalistas. Pero si no vamos a sufrir sus dolores podemos ofrecerles una solución. Los constitucionalistas deseamos ser ciudadanos españoles y europeos y regirnos por leyes acordadas por todos y elegir y controlar nuestro gobiernos y parlamentos locales y nacionales. Los nacionalistas que quieran respetar eso e incluso votar en las mismas elecciones y ver reconocidos los mismos derechos pueden hacerlo si lo desean. Si lo que prefieren es no ejercitar sus derechos como españoles, que no lo hagan. Que no voten en elecciones generales ni presenten candidatos a diputados al parlamento o senadores. Que voten al parlamento vasco como si fuera lo único que les interesa. Pero la cuestión es muy diferente si pretenden negarnos a los demás el derecho a hacerlo o restringir nuestro derecho a participar en nuestros gobiernos locales hasta de nivel autonómico. Entonces se está atacando nuestro derecho democrático y nuestra respuesta no puede ser pasiva sino de oposición frontal y activa en nuestra propia defensa y obligados por ellos. Porque además hay una falta de simetría en el problema que revela una profunda falta de honestidad. Los nacionalistas no arriesgan nada porque en el caso de no salir adelante sus deseos tienen reconocidos sus derechos como ciudadanos españoles, pero si consiguen la independencia, los ciudadanos españoles nos veríamos forzados a renunciar a nuestra ciudadanía para poder conservar nuestros derechos como vascos. Es decir: sale cara ganan los nacionalistas; sale cruz, volvemos a tirar. Pueden decir lo que se les ocurra pero en el derecho a la ciudadanía española para todos los vascos no hay restricción alguna. Esa restricción se la reservan los ultranacionalistas para aplicársela a los españoles, que serían extranjeros en sus propias casas. Toda esa palabrería de ser para decidir se suele traducir más bien por no dejarnos ser a los demás ni dejarnos decidir, por implantar sus estructuras políticas y sociales de manera que no podamos hacer libremente lo que hasta ahora hemos hecho. Y eso es simplemente una imposición antidemocrática. Que se imaginen que el lehendakari es una figura internacional, o que las euskal etxea son sus embajadas. Que se imaginen en su país aislado desde la época del paleolítico, pero que no nos mezclen a los demás en sus delirios históricos. Porque lo contrario no es ejercitar completamente sus derechos y ver reconocidas sus particularidades culturales sino empeñarse en restringir y negar los nuestros. Imaginemos que alguien hace la siguiente propuesta. Para ser justos, si se hace un referéndum a favor de la independencia y a los constitucionalistas sólo nos queda aceptar o irnos si lo perdemos, que los nacionalistas acepten que si lo pierden, pierden la nacionalidad española y se van o dejan de poder votar en elecciones y referéndums, o se quedan como españoles y sin más derecho a la secesión. Porque esto es lo que nos quieren aplicar a nosotros sin perder nada a cambio. Toda apuesta tiene un precio porque si no, la ganancia es segura por pequeña que sea la probabilidad de ganar. Y algún precio habrá de tener esa apuesta por la segregación. Y si no quieren pagar precio, no hay juego. Sursum corda! |
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