Teniendo en cuenta que el problema de la inseguridad no se resuelve sólo con medidas policiales, a pesar de todo, el déficit de las Fuerzas de Seguridad del Estado en este territorio lejano de la España continental es diferente en las dos provincias canarias, tal vez por razones políticas o electorales. Ahora mismo, los datos demuestran que el Archipiélago, globalmente, está por encima de la media nacional en dicha falta de efectivos, cuya constancia deficitaria está contrastada con datos, pero que, además, son reconocidos por el propio Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno y las instituciones canarias. Prueba de ello es que si no existiera ese déficit, el ministro de turno no se hubiera comprometido a enviar trescientos nuevos policías, que por cierto aún no han llegado que se sepa.
Los mismos representantes policiales en estas islas, y de aquí obtenemos los principales datos estadísticos que ahora exponemos, dicen que sí hay insuficiencia de plantillas, pero que el principal problema es el planteamiento que realiza el Ministerio prometiendo envíos de personal para cubrir plazas deficitarias crónicas con alumnos de academia de Ávila, que en seis meses se marcharán.

Otro problema añadido es la desidia en la actuación de los ayuntamientos y de su federación, que no se ha querido mojar en el asunto de la seguridad, tal vez a la espera de una Policía canaria, y no reconocen que tienen déficit en sus plantillas. Recordemos, a modo de ejemplo, que hace veinte años la Policía Local de Santa Cruz, contaba con 307 agentes en la calle pero que hoy apenas los superan a pesar de declaraciones en otro sentido. Las Palmas - ciudad, con Soria, se ha incrementado la plantilla y ha obtenido mejor tratamiento del Estado.

También es cierto que desde hace 6 años existe disminución de efectivos en la Policía Nacional y en la Guardia Civil que persiste con mayor gravedad en la actualidad puesto que la gran mayoría de agentes que vienen a Canarias al tener origen peninsular, después de algún tiempo, regresan a sus respectivas zonas o destinos de conveniencia.

A ello añadimos que el cumplimiento de los ratios en Canarias es difícil, porque hay que tener en cuenta la dispersión que implica la insularidad, con los que las medias válidas para territorios continentales no lo son para los insulares, e igualmente aseverar que "aquí tenemos ocho aeropuertos, siete puertos unido a un montón de servicios que tienen que cubrir las Fuerzas de Seguridad del Estado, en especial en torno al turismo, y lo que es evidente es que la inseguridad en la calle ha aumentado.

Por todo ello no es extraño que los representantes vecinales de diversos barrios de las principales capitales canarias, aseguran que existen carencias significativas en los cuerpos policiales y que en las reuniones que mantiene la Delegación o Subdelegación del Gobierno con los vecinos, siempre se habla de las unidades que faltan. A modo de ejemplo, citaremos que en La Laguna hay 80 unidades menos del Cuerpo Nacional de Policía que hace ocho años. "Teniendo en cuenta el aumento de la delincuencia y de los servicios a prestar, es muy significativo el descenso. Además de poner el acento en el aumento de las unidades hay que prestar atención también a que sean canarios y tengan conocimiento del medio en el que trabajan.

Es de hacer constar que en la época de la pasada dictadura había mas número de policías y mucho más eficaces debido a la mayor disciplina a que se les sometía, al tiempo que carecían de cualquier representación legal o sindical.

Sin embargo, para mayor gravedad, no está contrastada institucionalmente la problemática existente en torno a los siguientes aspectos, que no se desea reconocer:

En el desarrollo ilícito del tráfico de drogas, Canarias es la cuarta comunidad autónoma en número de personas detenidas, cantidades decomisadas y procesos judiciales celebrados por este motivo.

Canarias ostenta el índice de diligencias previas más alto del Estado. En las Islas se producen más casos de malos tratos a mujeres que en ningún otro lugar de España. Los enclaves turísticos de Playa de las Américas en Tenerife, Maspalomas en Las Palmas de Gran Canaria y en algunos otros lugares en Lanzarote, encabezan la lista de zonas turísticas donde se cometen más infracciones penales de carácter criminal por cada mil habitantes. Mientras que en Andalucía, Ceuta o Melilla el número de inmigrantes ilegales, de origen africano, detenidos se ha reducido a menos de la mitad; en esta Comunidad, estas detenciones se han aumentado en un doscientos por cien. A pesar de lo expuesto, el número de efectivos de la policía nacional y Guardia Civil se estanca como ya hemos dicho.

Todo lo expuesto queda reflejado en el informe elaborado por el propio Gobierno canario, conocido en los medios periodísticos, en el que se revela que la tasa de criminalidad en las Islas es de las más elevadas de España, duplicando la media nacional. El contenido de dicho informe, con carácter confidencial y de una difusión absolutamente restringida, ha sido utilizado por la propia presidencia autonómica en las reuniones celebradas con altos cargos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de justificar la implantación de la tan aparentemente solicitada Policía Autonómica, al tiempo que exigir la dotación de mayores recursos humanos o materiales que refuercen la insuficiente infraestructura ya existente. Precisamente, la falta de efectivos policiales es uno de los indicadores apuntados en el citado documento oficial.

En este sentido, se señala que en Canarias, en 1999, había tres policías por cada mil habitantes, mientras que en el territorio peninsular dicho coeficiente era de 3,6 agentes por cada mil ciudadanos. Las estadísticas objetivas no engañan y describen una realidad que comienza a ser más que alarmante. Son significativos los datos que sitúan a estas Islas entre las comunidades españolas con mayor índice de criminalidad duplicando la media nacional. En los últimos tres años, a pesar de unas determinadas estadísticas que aporta el Ministerio del Interior, el número de delitos y faltas por habitante fue el más elevado de las diecisiete comunidades autónomas de España. Por Provincias, las dos que forman este Archipiélago ya superan la tasa de criminalidad de las principales capitales españolas. La de Las Palmas de Gran Canaria encabezaba tan problemática situación, pasando a tercer lugar la de Santa Cruz de Tenerife, superándose el ocho por ciento de aumento cuando el resto del país sólo lo hace en un uno por ciento.

Los sindicatos policiales del Cuerpo Nacional de Policía, representativos en un porcentaje de próximo al 90 % de la corporación, ya denunciaban los hechos en 1998, llegando la prensa a titular que la Policía en Canarias es tratada, entrecomillo, con “discriminación colonial”. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de Santa Cruz de Tenerife se manifestaban, por aquellas fechas, ante la Comisaría Provincial de la capital tinerfeña con objeto de reclamar una serie de mejoras laborales entre las que se encuentran el reconocimiento de las peculiaridades canarias, pues creen que “la metrópoli discrimina las colonias”.

Los sindicatos convocantes, cuatro en total, acusaron a la Dirección General de la Policía de negociar sólo con el Sindicato Profesional de Policía, afecto al gobierno, sindicato que sólo representa al cinco por ciento del Cuerpo Nacional, “mientras que se niegan a tener en cuenta a los cuatro sindicatos mayoritarios, en especial al Unificado de Policías, conducta que dijeron no van a consentir.

Tanto el representante del SUP como el de la Unión Federal de policías, respectivamente, acusaron al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía de discriminar a las funcionarios, y de crear normas a su antojo sin contar con criterios objetivos para su aplicación, lo que, según dijeron, les ha creado una sensación de persecución sobre todo a los representantes sindicales “contra los que se toman medidas cada vez que emprenden cualquier acción”. Además, estos representantes sindicales consideran que la Administración no tiene ningún interés en que continúe funcionando el Cuerpo de Policía y manifiestan que, de seguir así, desaparecerán. ¿ Será que el propio gobierno español desea implantar una policía autonómica?, parece que no, según la postura del Partido Popular y la resueltamente ambigua del PSOE.

En este momento, tres años después, los mismos sindicatos continúan denunciando irregularidades de todo tipo, en especial los “maquillajes” sobre las estadísticas delictivas que se aportan oficialmente a los medios de comunicación.

El citado Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado fallos graves en la elaboración de las estadísticas en torno a los hechos delictivos que se han cometido en esta Comunidad durante el pasado año 2002. Fuentes oficiales del Ministerio del Interior sitúan el número de infracciones, delitos y faltas, en menos de la mitad de las que recoge la propia Fiscalía General del Estado en su memoria anual, según informe remitido por el citado sindicato a la agencia EFE, que quede esto claro, para no incurrir en responsabilidades personales que en estos tiempos nunca se sabe.

La prueba evidente de estos maquillajes se encuentran comparando las estadísticas realizadas por el Fiscal y por el Ministerio de Interior, donde podemos comprobar cómo en los años 2000 y 2001 la suma de los delitos y las faltas registradas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife eran de 54.694 y 57995 respectivamente, mientras que en la Memoria del Fiscal General del Estado se recogen unas cifras de 114.187 y 129.817 en los mismos años 2000 y 2001, según leemos en el periódico santacrucero El Día, hace poco.

Según estas cifras, las infracciones cometidas son más del doble de lo que se publica por el Ministerio de Interior, quien intenta de esta forma reducir la sensación de inseguridad ciudadana, incrementada notablemente por la llegada masiva de inmigrantes de África, de Europa o de Sudamérica, lo que ocasiona quejas constantes llevadas a cabo por ciudadanos y representantes policiales, quienes vienen demandando desde hace años un aumento de los medios y personal para la Policía que, hoy por hoy, ha de desempeñar la labor de contener la inseguridad ciudadana.

Estas cifras irreales son contabilizadas y llevadas a cabo por determinados funcionarios policiales, tras recibir instrucciones del Ministerio del Interior en las distintas Comisarías locales, donde son modificados datos y preceptivas estadísticas para reducir así el número de delitos registrados.

Dentro de estas prácticas habituales, denuncia el SUP, se encuentran el no computar las lesiones si no se reciben los partes facultativos o el de computar los tirones, robos con violencia e intimidación, como faltas de hurtos que no se contabilizan como delitos, sino como infracciones leves.

En cuanto a los robos que se producen, más de un sesenta por ciento no son denunciados por los perjudicados en las respectivas Comisarías por la incomodidad y falta de eficacia de la posterior actuación policial. Robos cometidos en interior de garajes, que afectan a varios vehículos, se registran como un solo delito, pero si no llega a haber desperfectos se apunta como simple falta, lo que redunda en que varios delitos no se recuenten como tales.

Pero es más. En el intento de buscar soluciones, a mediados del pasado año, varios mandos policiales de la Policía Municipal y de la propia Policía Nacional en la provincia tinerfeña, mostraron su acuerdo por primera vez a favor de la necesaria unificación de todas las fuerzas de seguridad - incluyendo a la Guardia Civil, habiéndose hecho un experimento estos pasados días en Radazul, para luchar unidos contra la delincuencia que afecta al ciudadano al que se ha de servir, al tiempo que evitar los conflictos crónicos de competencias y falta de coordinación entre los cuerpos policiales. Tales manifestaciones tuvieron lugar durante los debates habidos en la II Jornada del Ciclo Criminalidad y Seguridad, que tienen lugar alternativamente entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, patrocinadas por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Estas manifestaciones, creemos, constituyen un "canto al sol" y una sólida utopía, toda vez que el Gobierno Central no puede llevar a cabo, institucionalmente y en la práctica, semejante expresión de buena intención por estos "mandos de toda la vida", cuya actuación es bastante conocida.

Lo que sí es necesario llevar a la práctica con premura es la auténtica Policía Nacional Canaria haciendo uso de lo que, hasta este momento, nos permite el Estatuto de Autonomía de Canarias como base de partida necesaria. Son numerosas las razones que nos impulsan a la defensa a ultranza de ese cuerpo policial canario como ya existe en otras comunidades españolas, donde tal vez no sea tan necesaria su consolidación al carecer de las especificidades humanas y geográficas que tiene esta Comunidad canaria. Es incontestable que la policía, en cualquier país, ha de ser un cuerpo inherente a la sociedad y a la peculiaridad sui géneris en la que se halla inmersa, a la que sirve para dar solución a la problemática que le afecta y que nadie cumplimenta mejor que el policía nativo o arraigado en dicha sociedad. Constatamos que lo que tiene lugar en estos momentos es todo lo contrario.

Pero, además, es necesariamente imprescindible para mantener nuestra especial fórmula económica dependiente de la entrada masiva de turistas cuyo número parece ser superior a 12 millones cada año, cifra que implica un millón de personas extras por MES y qué, con carácter casi permanente, se suman a la población de autóctonos y residentes cuya protección y seguridad nos debe preocupar a todos. El turista ha de ser tratado con cariño y mimo - todo lo contrario de lo que se hace en estos momentos - y ha de ser objeto de la máxima atención desde el mismo momento que lo demande, tanto en aspectos meramente administrativos como, especialmente, al ser objeto de delito o falta en su persona o en sus bienes. Ha de ser rápidamente atendido en las dependencias policiales, desde el momento en que comparezca, incluso en trámite independiente respecto al resto de personas víctimas y por personal facultado, toda vez que nuestros turistas necesitan de su tiempo que además está pagando. Precisa ser tratado con respeto - todo lo contrario de lo que ahora se hace - en su idioma y con la necesaria cultura para que su estancia sea grata y que, a pesar de ser sujeto de robo, estafa o cualquier tipo de abuso, vuelva otra vez a la misma Isla, al mismo hotel o restaurante y no decida optar por otro destino en el Mediterráneo o en el Caribe.

Es igualmente necesario entender que tal lucrativa invasión de gente foránea (para cuya entrada por puertos y aeropuertos, como turistas, la policía actual hace la vista gorda), de forma paralela, invita al desplazamiento de la enorme caterva de delincuentes de la más baja ralea y más variopinta especialidad, que además, repetimos, penetran por nuestras fronteras ante la pasividad de las autoridades de turno. Se dice que "a río revuelto, ganancia de pescadores". Drogas, mafia, dinero, trata de blancas, etc..., acuden al sol que más calienta, máxime conociendo la benignidad de actuación de la policía de fronteras, como así se ve y constata claramente. ¿Pero, porqué?

La veracidad de lo expuesto es del dominio público canario que en recientes encuestas aboga claramente por la creación de un Cuerpo de Policía canario. La defenestrada "Guanchancha" que con mandos responsables y personal de aquí, con aprovechamiento inestimable de los componentes de la policía municipal, constituirá, sin lugar a duda alguna, una policía eficaz - por que lo nuestro duele y nos dolerá más cada día que pase sin darle solución, - y sin el temor a "independentismos" o cosas parecidas que algunos pregonan como “peligrosísimo”. Creemos que lo traumático es la situación actual “in crescendo”.

Hay que resolver el grave problema que nos afecta ya que con policías inexpertos de la Península no se resolverá, ya que es incidir sobre lo mismo, no se arraigarán en el medio profesional en que se mueven y terminarán marchando para ser sustituidos por otros novatos, como vemos cada año durante la provisión de vacantes y relevos de plantillas.

Y no se ha hecho la gran encuesta sobre lo que sin duda afecta gravemente a la economía canaria. ¿Qué opinión tiene el turista que nos visita asiduamente sobre el grado de seguridad en estas islas? Habría que preguntarles. Pero, si dejan de venir, a quien sondearemos.